Las campañas calderónicas de imposición de presuntas
verdades mediante propaganda intensiva devinieron
esta vez en un fiasco tragicómico.
Julio Hernández López
Publicado La Jornada, 10 de octubre 2012.
No corresponde a una administración pública medianamente aceptable el anunciar solamente a partir de
fuertes indiciosla presunta muerte de uno de los jefes del narcotráfico más peligrosos y más buscados, y menos con una especie de cadáver fugitivo como sustento, pues a pesar de la enorme importancia que habría tenido la preservación de ese cuerpo y de su relación directa con hechos en los que habría participado la férreamente controladora Marina, resulta que en primera instancia se había hablado de que tales restos habían sido entregados a supuestos familiares por un agente del ministerio público increíblemente rápido y humanitario en el desahogo de sus asuntos, aunque luego se estableció que habían sido
recuperadosde una funeraria por un comando integrado por zetas, en nuevas estampas de ese mundo de irrealidad irónica y dolorosa a la que antes aquí se ha descrito como
“historiasnarcokafkianas”.
Establecida como verdad oficial con base en esos entecos argumentos (la Marina tiene fotografías mal tomadas y habla de huellas digitales; la procuraduría coahuilense se suma con base nomás en su mero dicho, y el licenciado Calderón felicita a la Marina a partir de los ya famosos
fuertes indicios), la muerte del jefe de los Zetas habría tenido una sorprendente coincidencia con dos hechos políticos relevantes: las peculiares investigaciones, correspondientes a una justicia de castas, correspondientes al asesinato del hijo de Humberto Moreira; y la reunión de cuatro horas entre Peña Nieto y Calderón, a quienes acompañaron miembros de sus correspondientes equipos de trabajo, y la convocatoria y posterior cancelación de una conferencia de prensa.
Dado que no se ha producido información oficial sobre lo ampliamente tratado en ese conciliábulo del lunes, y habida cuenta de que la detención del presunto Heriberto Lazcano Lazcano se había producido el domingo, resulta casi imposible que en la sesión de Los Pinos no se abordara con precisión el caso del
abatimiento, sobre todo si se toma en cuenta la gran cercanía del antes mencionado Moreira con Peña Nieto. También suministra material para las especulaciones profundas el llamado a conferencia de prensa y posterior supresión, como si a última hora hubiera aparecido en el escenario el increíble caso del cadáver que sin la marina protección que su relevancia ameritaba habría sido retirado de circulación por causas aún por esclarecer, quitándole al gobierno federal su única carta de autentificación incontestable o, por el contrario, haciéndola desaparecer voluntariamente para instaurar, sin explícitos desacuerdos con la realidad, la versión oficial de la muerte de Lazcano nomás porque así lo aseguran quienes en muchas otras ocasiones han fallado grotescamente en estos temas.
El otro punto oscuro, o muy claro, según se quiera ver: las matanzas rutinarias y sin investigación ni castigo se toparon en Coahuila con una excepción notabilísima. Fuerzas gubernamentales coordinadas como nunca (o al menos eso se esmeraron en demostrar) realizaron una vertiginosa indagación sobre el asesinato del hijo de Humberto Moreira (ex presidente nacional del PRI, ex gobernador del estado y hermano del actual ocupante de este mismo cargo) y presentaron contundentes primeros resultados que apuntan a la participación homicida de agentes policiacos de Ciudad Acuña y pistoleros pertenecientes a los Zetas.
Ya es de suyo muy preocupante que quienes gobiernan el país y los estados estén dispuestos a practicar de manera pública y notoria una disparidad escandalosa para atender con rapidez, recursos y supuesta precisión solamente uno de las decenas de miles de casos similares que pueblan el historial de la necropolítica instaurada por Felipe Calderón. Pero esa súbita y elitista preocupación supuestamente justiciera de las administraciones federal y coahuilense coincidió con el
abatimientodel jefe de la organización cuyos pistoleros han sido acusados de controlar a policías de Ciudad Acuña y de haber ejecutado a José Eduardo Moreira.
Abatimiento, se ha dicho una y otra vez en las declaraciones oficiales sobre el asunto, como si la legislación vigente contemplara tal posibilidad. No se reconoce que hubiera habido asesinato, ejecución u homicidio, sino un
abatimiento. Es decir, al presunto Lazca se le derribó intencionalmente, se le tumbó, como acto específico de exterminio, sin pretensión alguna de detención, consignación y procesamiento de un presunto criminal que habría sido la cabeza de una crudelísima organización delincuencial y por tanto podría ser objeto de los peores deseos vengativos por parte de ciudadanos que hubieran sufrido la inenarrable violencia de ese grupo y su hasta ahora escurridizo líder, pero al cual las autoridades deberían haber cuidado para que siguiera con vida, pudiera hacer declaraciones (en San Luis Potosí, una especie de tesorero de El Talibán, que era parte de la cúpula de los Zetas, llevaba consigo una nómina de pagos mensuales a
autoridades del gobierno del estadopor casi 700 mil pesos) y fuera sometido al imperio de lo que quedara de aquello alguna vez llamado justicia. Pero, en realidad, ese cuerpo no fue cuidado ni siquiera ya difunto, a tal grado que se esfumó y con él la posibilidad de confirmar verdades o mentiras en estas semanas finales del sexenio de la muerte, con el relevo de tres colores listo para continuar la historia.
Y, mientras se establece la conexión entre la fuga de 131 del penal de Piedras Negras el pasado 17 de septiembre, el asesinato matutino de Alejandro Treviño, sobrino del Z-40 (Miguel Ángel Treviño, segundo en el mando), por policías de élite del gobierno de Rubén Moreira, la ejecución nocturna del hijo de Moreira ese mismo viernes 3 de octubre, y el presunto
abatimientodel máximo jefe zeta (Heriberto Lazcano), ¡hasta mañana, con el gobierno de Nuevo León corriendo a cerrar el expediente del casino Royale, aprovechando el tema Lazcano!
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