En América Latina se han criminalizado las conductas de quienes exigen sus derechos. Y las autoridades echan mano de policías y militares al primer movimiento.
Viernes 15 de Febrero del 2013.
Aunado a esto, aparecen los narcotraficantes que tienen en jaque a los gobernantes, y más cuando estos carecen del temple democrático para enfrentarlos.
Ante el aumento de los conflictos que se desbordan en las calles de todas las urbes (en nuestro país hasta los perros son delincuentes por la imaginería popular y la mente torcida de los gobernantes), los descendientes del nazismo y su estela fascista, han convertido toda conducta en una conducta penal.
Es muy peligroso para las democracias representativas que sus gobernantes (como Peña y Mancera) estén dispuestos a gobernar a través del delito, en el supuesto de que los mexicanos son potencialmente delincuentes antes que ciudadanos con derechos humanos.
El 1 de diciembre de 2012 se selló esa complicidad.
La militarización del Estado empezó con Calderón, y sus policías y militares mataron por igual a delincuentes y civiles ajenos a los hechos.
Así, en nuestro país ya se gobierna a través del delito para parar en seco a la democracia que se manifiesta en las calles y reducir la democracia representativa, ya que sus individuos “electos” se arreglan en la cúpula para decidir, conforme a los intereses de sus partidos, lo que le “conviene” a la sociedad sin su participación y sus reclamos públicos invadiendo las calles, así sea en ejercicio de sus derechos humanos.