En los territorios del Congreso de la Unión, ayer, nuevos elementos de la información se auparon sobre el lomo de ese caballo brioso, encabritado, en que se ha transfigurado Michoacán.
Por: Vicente BELLO
Jueves 16 de Enero del 2014.
“Colombianizaron Michoacán”, soltó, desde la tribuna, el senador David Monreal Ávila. Y entonces remachó: “Primero crearon, bajo el esquema peruano-michoacano, un grupo aparentemente ciudadano al que toleran, financian y luego lo dejar operar. Al final lo desgracian matando a sus propios integrantes. Ese será el caso de las autodefensas de Michoacán”.
Por si faltaba que la atmósfera que lacera al país se hiciera más borrascosa, en la Permanente este senador prendía más la jiribilla sobre un tema al que, hacía unas horas, el gobierno de los Estados Unidos había sobrecalentado al decir que está “extremadamente preocupado” por el hecho de que grupos de ciudadanos se han levantado literalmente en armas contra los grupos organizados del narcotráfico que agobian al estado de Michoacán, ante la inoperancia virtualmente absoluta de los órganos coercitivos del Estado mexicano.
Hacía un instante, en la tribuna, el diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja hubo dicho también: “Este cáncer de la inseguridad amenaza con colapsar al Estado nacional. Michoacán es, finalmente, el caso más extremo. Pero hay inseguridad y hay grupos que han surgido para combatirla precisamente por la incapacidad del Estado para cumplir su función básica y esencial, asegurar y proteger la libertad y la seguridad de las personas y su patrimonio.
El apostille uno de Mejía: “Si a esto le sumamos que al parejo de los problemas de inseguridad hay contubernio político entre autoridades y narcotraficantes cuando para llegar al poder se negocia o se transa con los narcos, cuando se abren espacios en plazas y regiones o se les da el derecho incluso para nombrar a los titulares de las corporaciones policíacas, es evidente que hay un colapso de la seguridad pública”.
El apostille dos: “En el caso de Michoacán, el tema de las autodefensas sin duda fue alentado desde el gobierno federal, y ahí vemos la mano perversa del principal asesor de seguridad pública, el colombiano general Oscar Naranjo, que en su país natal, para enfrentar al crimen organizado, alentaron también que grupos civiles, que grupos paramilitares se armaran y combatieran en las regiones donde se daba este flagelo”.
Y el apostille tres: Estamos viviendo la colombianización del país; ese es el resultado. Es decir, estas autodefensas fueron toleradas, auspiciadas por el Estado mexicano y hoy, cuando este Frankestein ha crecido y cobra vida propia, tratan de frenarlo.
El Congreso, este miércoles 15 de enero de 2014, volvió a sesionar a matacaballo, urgido por la quemazón en Michoacán. Quemazón que, por la mañana, había insuflado el gobierno de los Estados Unidos, cuando a través de la Secretaría de Estado dijo que está “extremadamente preocupado” por lo que sucede en Michoacán.
Era una preocupación bastante parecida a la que expresaron los diputados y senadores del PAN, PRI, Nueva Alianza y PVEM, en la tribuna, cuando se posicionaban en torno del protagonismo inédito de los grupos de autodefensa michoacanos, a propósito de un Punto de Acuerdo mediante el cual solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto informe sobre los asesinatos que el ejército mexicano cometió la noche del lunes 13 y la madrugada del martes 14 en Antúnez, municipio de Parácuaro, cuando unas 3 mil personas rodearon a los militares luego de que éstos habían desarmado a los guardias comunitarios.
Sí. Admitían todos los grupos parlamentarios que la aparición de los grupos de autodefensa se explicaba con la inoperancia infame de las autoridades municipales, estatales y federales para combatir al crimen organizado; pero dichos grupos, subrayaban, advertientes, tienen que hacerse a un lado para que las policías y el ejército combatan a los grupos dedicados al crimen.
“No se puede combatir el crimen con grupos civiles armados, que intentan suplantar la responsabilidad del Estado mexicano”, clamaba René Ricardo Fufiwara Montelongo, el sobrino de Elba Esther Gordillo metido a diputado de Nueva Alianza.
Juan Carlos Romero Hicks, senador panista, ex gobernador de Guanajuato: “Parácuaro no es Fuente Ovejuna. Por eso estamos a favor de que la autoridad ejerza el mando como debe ser”.
Juan Flores, diputado del PVEM: “Es absolutamente legítima la demanda de seguridad de los ciudadanos, (pero) no creemos que sea conveniente, bajo ninguna circunstancia, que se procuren justica por su propia mano, pues ello va en contra del más elemental Estado de derecho”.
El senador Alejandro Tello Cristerna, del PRI: “Aun cuando es entendible la indignación de grupos de ciudadanos ante una situación que no se pudo resolver como se prometió hace algunos años, de ninguna manera se justifica la búsqueda de la justicia por propia mano y con medios fuera del marco de la ley”. Y pedía el priísta a los grupos de autodefensa “permitan la labor de las autoridades y confíen en la aplicación de la ley por parte de las instituciones”.
Tienen mucha razón en estar extremadamente
preocupados aquí y allá, porque si en algo ya nadie
cree en Michoacán y muchas otras partes el país es,
precisamente, en ellos y en las fallidas instituciones. Y
porque están armados, tienen justificaciones de sobra,
están enojados y hay mucho pasto seco dentro y fuera
de Michoacán.