El Gobierno del "Nuevo Cambio" teme costo político y dejan solos a los colectivos.
POR: ALZA LA VOZ... EN MI OPINIÓN.
Mas rápido cae un hablador que un cojo, reza el refrán popular y es que todavía en mi mente están las imágenes de hace un poco mas de 60 días, cuando el Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, entregaba Diploma y Medalla Adolfo Ruiz Cortinez 2016 a representantes de Colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos en la entidad, en un acto que hizo llorar a mas de uno, se dirigía hacia las personas, como la activista Araceli Salcedo Jiménez del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Cordoba a quien abrazo y con lagrimas en los ojos les prometía a todos que los ayudaría en sus búsquedas y demandas.Pero ademas MIYULI se comprometía a la creación de una Comisión de la Verdad para investigar estos casos.
Ni sesenta días han pasado y los Diputados o MIYULI que tanto los abrazo y lloro con elloas o el Gobierno Federal ya temen "Costos Políticos", por la propuesta de Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares, que va a dormir el sueño eterno en la congeladora de la Política Mexicana.
Comenta la activista que desde el Congreso no hay compromiso real de parte de las autoridades, aunque el mismo falso Presidente de México Enrique Peña Nieto, se había comprometido con ellos, no hay voluntad ni ganas de hacerles caso, ya que al Estado Mexicano no le conviene hablar del fenómeno, mucho menos aceptar que existe un "Estado Fallido" en donde las desapariciones forzadas son una constante
Ni al Gobierno del Estado, mucho menos al Gobierno Federal les conviene que quede esta Ley como la que quieren, por que seria aceptar que el Estado Veracruzano sigue viviendo la peor ola de violencia y eso les acarrearía un costo Político muy grande.
La mamá de Fernanda Rubi, chica desaparecida en el 2012 en Córdoba lamento que las Autoridades Federales que se habían comprometido con las victimas al participar en Foros Interamericanos de Derechos Humanos, en donde el mismo Subsecretario de los Derechos Humanos, Roberto Campa acepto la gravedad del problema y se comprometieron a adoptar Leyes para castigar a los responsables y como siempre, NO CUMPLIERON.