“Cuando autoridades cometen grandes violaciones de DH utilizando la seguridad como excusa, contribuyen a violencia cada vez más brutal”: ONU.
Durante la participación de Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en la Mesa sobre Seguridad y Derechos Humanos en México, aseveró “nuestra Oficina está preocupada con la intención de adoptar una ley de seguridad interior, porque según nuestra opinión, esta intención va en contra de la necesidad – varias veces admitida por las propias autoridades – de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar otro modelo de seguridad para la República mexicana”.
De acuerdo a Jarab, los ciudadanos mexicanos y también los migrantes presentes en México, tiene el derecho a estar seguros y demandan con toda legitimidad a las autoridades disminuir los índices de criminalidad, sobre todo los crímenes en contra de la persona humana.
“A veces se plantea la relación entre seguridad y derechos humanos como un antagonismo entre estas dos prioridades – un juego donde el incremento de uno significa una pérdida para otro; un zero sum game, como dicen en inglés.
Esta forma de argumentación no es específicamente mexicana – lo hemos visto en varios países y regiones del mundo, principalmente por parte de las instituciones encargadas de la seguridad, desde las policías hasta las fuerzas armadas.
Lamentablemente, a veces los integrantes de nuestra ‘comunidad de derechos humanos’ también aceptan esta lógica de elección o dicen que hay que ‘balancear’ los dos – lo que me parece equivocado. Estoy convencido que los derechos humanos y seguridad son perfectamente compatibles – y que no hay una auténtica seguridad ciudadana sin respeto a los derechos humanos”, argumentó.
Además, se mencionó que la seguridad sin Estado de Derecho –sin derechos humanos – es una inseguridad. De hecho, “las sociedades que respetan los derechos humanos son también las más seguras. El respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, y el buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad ciudadana.
Y cuando las autoridades cometen grandes violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa, están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada también entre particulares, impulsando un círculo vicioso, un espiral de violencia cada vez más brutal. No se establece o fortalece el Estado de Derecho con graves violaciones a los derechos humanos”.
Demostrando que la evidencia empírica de los últimos 10 años en México muestra claramente que los vectores de derechos humanos y de la seguridad apuntan en la misma dirección, no son antagónicos.
“Lamentablemente, la evidencia es negativa: muestra que aceptar las graves violaciones de los derechos humanos como ‘daños colaterales’ en una respuesta militarizada al desafío del crimen (principalmente del narcotráfico) no trajo más seguridad.
Como sabemos, la situación de seguridad – expresada en el índice de homicidios – sigue siendo considerablemente peor de lo que fue en finales de 2006 cuando Calderón decidió ‘resolver’ los problemas utilizando a las fuerzas armadas. De hecho, los estudios recién publicados muestran que ni siquiera hubo un incremento dramático, una emergencia, antes de esta decisión – hubo un incremento relativo al 2004, el año con el índice de homicidios más bajo en la historia reciente de México”.
El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, dijo que la Oficina es conscientes del difícil contexto geopolítico: del hecho que los Estados Unidos siguen representando un gran mercado para la droga, la fácil adquisición de armas en el país vecino que ayuda a aumentar la capacidad de fuego de los narcotraficantes en México.
“No creemos que son los problemas que se van a resolver rápidamente… pero sí, estamos comprometidos con buscar soluciones que están más favorables a los derechos humanos y causan menos daños a la sociedad”, aseguró. Agregó que la organización quiere ver a los militares en los roles que les son idóneos – y el combate al crimen no lo es.
Agregó que con respecto a la protesta social, es aún menos aceptable la utilización de las fuerzas armadas en contra de ésta. Además, denunció que existe el riesgo que esto podría ser legitimado en una futura ley de seguridad interior, por lo que preocupa con razón a una gran parte de la sociedad civil y una parte del espectro político.
Pero quizás la más grande causa de nuestra preocupación es la manera cómo fue presentada: como una ley urgentemente necesaria para dar respaldo a una institución lo que significaría la petrificación del status quo. Por supuesto, nuestra perspectiva es que después de diez años de utilización de las fuerzas armadas en estas tareas la pregunta no debería ser “si las fuerzas armadas merecen respaldo de una ley”, sino “si deberían continuar ejerciendo estas funciones”.
Puntualizó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó el año pasado, luego de su visita a México de 2015, promover un enfoque de seguridad ciudadana mucho más amplio, lo cual supone una transición hacia otro modelo, muy distinto del que hoy está puesto sobre la mesa del debate legislativo.
Por lo que en conclusión, la Oficina del Alto Comisionado llama a una discusión mucho más abierta y amplia, esta es la segunda conclusión, con la participación no sólo de los políticos sino también de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos) – y no sólo sobre el rol de las fuerzas armadas en la seguridad, sino sobre el modelo de seguridad que los mexicanos necesitan y merecen.
CON INFORMACIÓN Y ARTICULO DE: REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO.