Pasaron 12 años de administraciones panistas sin que se detuviera a un solo pez gordo en el combate a la corrupción. De pronto, mayo sorprende con cinco casos civiles y militares.
Lunes 28 de mayo de 2012
“No detuvimos a Roberto Martínez de la Vara López Portillo, sobrino del ex presidente, porque la sola denuncia en su contra suscitó un gran nerviosismo entre los grupos políticos allegados a López Portillo.
“Por ejemplo, el hijo de Rubén Figueroa le habló a Emilio Gamboa para preguntarle si era cierto que existía una orden de aprehensión contra su padre.
¿Qué tanto han cambiado las cosas en México desde que Miguel de la Madrid instauró su estilo personal de renovación moral? ¿Cuántos funcionarios de alto nivel fueron encarcelados por los viejos priistas y cuántos por los gobiernos del cambio?
“El profesor Hank, por su lado, también se alteró mucho, y supe que la familia López Portillo se encontraba en cónclave multifamiliar. Seguramente todos se preguntaban: ¿Quién seguirá? En seguida, López Portillo se movió aconsejado por Hank y por conducto de Galindo Ochoa.
“Este último repartió dinero a la prensa para que la información sobre el asunto se manejara veladamente, que las noticias relativas pasaran a las páginas interiores de los periódicos”.
El relato es de Miguel de la Madrid. El mismo ex presidente que fue objeto de un homenaje póstumo por parte del presidente Felipe Calderón en el Palacio Nacional el 2 de abril pasado.
El testimonio consignado en sus memorias “Cambio de Rumbo” es un claro reconocimiento de la manipulación de la justicia en México.
Sobre todo cuando está en juego el control político y la permanencia en el poder.
Hoy las cosas no son diferentes. Y es que en los primeros 25 días de mayo, en medio de la intensa contienda electoral, sucedió lo que no había pasado en los últimos 12 años.
Estallaron cinco casos en los que se han visto involucrados, por lo menos a nivel mediático, importantes personajes de la vida política de México vinculados directa o indirectamente con el PRI.
Primero fue el tesorero de Humberto Moreira cuando éste gobernó Coahuila. Estados Unidos anunció el pasado 2 de mayo que le confiscarían a Javier Villarreal propiedades valuadas en más de 20 millones de dólares.
El 15 de mayo fueron detenidos los generales Tomás Ángeles Dahuahare y Roberto Dawe por su presunta vinculación, no probada, con el cártel de los Beltrán Leyva.
Lo cierto es que la detención del general Ángeles se dio seis días después de su participación en un foro organizado por el PRI, y en el que criticó la estrategia de seguridad del gobierno calderonista.
El 17 de mayo, Reporte Indigo dio a conocer las transferencias millonarias a una cuenta bancaria en Panamá que hicieron los hermanos del ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, quien actualmente ocupa la Secretaría de Organización del CEN del PRI.
El político priista negó los hechos. El banco HSBC negó la existencia de las cuentas. Reporte Indigo pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigara el caso.
El 22 de mayo estalló el cuarto escándalo del mes. Se dio a conocer que el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington estaría involucrado en la compra de inmuebles ubicados en Texas con dinero presuntamente obtenido de cárteles del narcotráfico.
Al político priista también se le relacionó con el indiciamiento de uno de sus constructores favoritos, Fernando Alejandro Cano.
La investigación del caso empezó hace varios años. Pero fueron las autoridades estadounidenses las que le fincaron cargos a Yarrington. En México, nadie encontró elementos para hacerlo.
El quinto escándalo fue la aprehensión del ex gobernador de Baja California Sur Narciso Agúndez Montaño. El arresto fue el pasado 24 mayo en Nuevo León.
Agúndez, ex perredista que ahora milita en el Partido Verde, fue acusado por el gobierno panista de Baja California Sur de presunto peculado.
Lo curioso es que el mismo día de la aprehensión, y en la misma entidad, Felipe Calderón señaló que la impunidad y la corrupción “son males endémicos de México que deben ser repudiados enérgicamente por la sociedad”.
“La ley debe aplicarse con todo rigor, sin distingos, caiga quien caiga, sin importar condición o posición social”, dijo el presidente, lo que se interpretó como una clara alusión a los cinco escándalos de mayo.
“Por los casos de servidores públicos que traicionan la confianza ciudadana o por quienes, por omisión, por temor o por corrupción, por cualquier razón, hayan faltado a este deber de salvaguardar los derechos y las leyes, es que hoy vemos algunas regiones del país sufriendo una espiral de inseguridad, incertidumbre, corrupción e impunidad”, dijo Calderón.
En la misma semana, el 24 de mayo, fue extraditado Sergio Villarreal, alias “El Grande”, segundo al mando en el cártel de los Beltrán Leyva. Fue enviado a Estados Unidos 20 meses después de su captura, que se concretó en septiembre de 2010. ¿Qué dirá allá que no dijo acá?
¿Qué tanto han cambiado las cosas en México desde que Miguel de la Madrid instauró su estilo personal de renovación moral?
¿Avanzamos, o la justicia se sigue manipulando, operándose a modo, como lo confesó el propio De La Madrid?
¿Cuántos funcionarios de alto nivel fueron encarcelados por los viejos priistas y cuántos por los gobiernos del cambio? Analicemos.
“Mátalos en caliente, después viriguas”
Nadie podrá rebatir al presidente Felipe Calderón cuando afirma que la corrupción y la impunidad son males endémicos de México.
Lo que le faltó decir es que la manipulación de la administración de la justicia también es un mal endémico, y tan antiguo como la corrupción.
Esos problemas ni siquiera son atribuibles a los 70 años del PRI en el poder. Sería injusto hacerlo. Porque antes de la existencia del tricolor, la corrupción ya era un mal crónico. Y también la perversión de la justicia.
Basta recordar los tiempos en que los Torquemadas de la Santa Inquisición fabricaban culpables con base en falsos testimonios o con confesiones arrancadas con tortura física o psicológica.
Pero no es necesario remitirse a siglos atrás. Solo hay que recordar la famosa expresión que se le atribuye al ex presidente Porfirio Díaz cuando fue informado de que se fraguaba un complot en su contra en Veracruz.
Era el año de 1879, y Díaz asumía por segunda vez la Presidencia de México. El país se convulsionaba por la inestabilidad política.
Porfirio Díaz, quien necesitaba consolidar su poder y pacificar el país, optó por la estrategia de la violencia.
El dictador, sin ningún escrúpulo, ordenó matar a sus adversarios políticos. Se impuso a sus
contrincantes por la fuerza y, durante algún tiempo, logró lo que sus contemporáneos calificaron como “la paz de los sepulcros”.
Pero aquella falsa paz no podía perdurar. Al cabo de unos años, el tirano fue derrocado por una revolución que costó más de un millón de vidas.
El control político absoluto se le deshizo al dictador entre las manos.
El "control político" de la postrrevolución
El nuevo régimen postrrevolucionario, el del cogobierno de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, enfrentó la misma “necesidad” de pacificar el país y eliminar a los adversarios políticos.
Para “pacificar”, se usaban las balas, como los famosos cañonazos de 50 mil pesos que el general Obregón solía disparar a los más renuentes a lograr la “paz social”.
Pero Obregón desconfiaba de Calles. Y Plutarco, a su vez, tenía sus reservas sobre Obregón.
Por eso, cuando sucedió el primer atentado contra Obregón, candidato por segunda vez para suceder a Calles, los obregonistas pensaron que el presidente había sido el autor intelectual del atentado.
Calles no quiso correr el riesgo de que esa versión se popularizara.
Sobre todo porque era tanto el afecto que una buena parte de los mexicanos le profesaban a Obregón, que hasta veneraban el brazo del general que era mantenido en formol.
En cambio, Plutarco Elías Calles era simplemente conocido como “El Turco”.
Consecuentemente, para eliminar las sospechas de los obregonistas, Calles ordenó al jefe de la policía del Distrito Federal, Rodolfo Cruz, que fusilara, sin mayor trámite y sin juicio, al padre Miguel Agustín Pro y a su hermano Humberto.
Los hermanos Pro fueron asesinados por el “Estado Mexicano” un 27 de noviembre de 1927, 13 días después de su detención.
Quién iba a decir que Calles, el fundador del PRI, sería exiliado años después por otro presidente, Lázaro Cárdenas, compañero de partido y de armas al que el propio Calles había hecho presidente.
La madrugada del 10 de abril de 1936, un grupo de soldados irrumpió en la casa del Jefe Máximo de la Revolución. Fue sacado de su cama, y ni tiempo le dieron de cambiarse de ropa. Vistiendo sus piyamas, fue subido a un avión militar que lo llevó a California, Estados Unidos.
En 1988, el Papa Juan Pablo II beatificó al padre Pro.
En 1988, el Papa Juan Pablo II beatificó al padre Pro.
¿Tú también, Luis?
Cuando la “dictadura perfecta” llegó a su clímax, se hicieron más sofisticados los mecanismos de control político y se recurrió a los “juicios por corrupción”.
Algunos políticos resultaron culpables. Otros fueron absueltos. Pero todos, menos los que alcanzaron a huir, pasaron un buen rato en la cárcel.
Casi en cuanto tomó posesión, el presidente José López Portillo se confrontó con su antecesor, Luis Echeverría, porque no quería ser su pelele.
Por eso fueron a dar a la cárcel varios ex funcionarios que habían formado parte del gobierno echeverrista.
Entre ellos, Félix Barra García, ex secretario de la Reforma Agraria; Alfredo Ríos Camarena, ex secretario de Augusto Gómez Villanueva; Antonio Méndez Docurro, ex secretario de Comunicaciones, y Fusto Cantú Peña, ex director de Inmecafé.
En su libro “Café para Todos”, Cantú Peña relata cómo fue obligado a confesar su culpa. Señala que el procurador Oscar Flores Sánchez le puso al teléfono a su familia, que había sido detenida antes que él.
El "follón" del PRI
Miguel de la Madrid abunda en los detalles.
En sus memorias, relata que “el 9 de mayo fueron acusados por peculado, ante la PGR, Everardo Espino, Vladimir León, Francisco Corriente y Roberto Martínez de la Vara López Portillo, quien era su sobrino (de José López Portillo)”.
“La información que yo tenía era que había sustraído del presupuesto de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera la cantidad de 112 millones de pesos, que habían depositado en cuentas privadas sin justificar su uso. Ello parece comprobar el peculado. Y seguido, sin embargo, surgieron una serie de embrollos que nos hicieron ver que no teníamos la madeja bien desenredada.
“En la Procuraduría, Espino presentó cajones con recibos que comprobaban el destino de una parte de ese dinero. Esencialmente eran pagos hechos a la prensa y al PRI. Espino señaló que había realizado esos gastos por órdenes muy superiores. Pero yo recuerdo, por haberlo comentado tiempo atrás con López Portillo, que éste negó haberle dado instrucciones a Espino en ese sentido.
“Sea como fuere (…), son recibos que pusieron en una situación muy difícil porque si exigíamos su contenido, la prensa desataría un tremendo follón.
“Podía declarar que el dinero que había recibido era por servicios prestados y que, en todo caso, la prensa no era culpable de la corrupción de los funcionarios.
“No venía al caso, en esos momentos, reavivar un asunto tan complicado, mucho menos uno que lastima el prestigio del PRI”.
La renovación inmoral
Cuando llegó al poder Miguel de la Madrid en 1982, también disputó el control político con su antecesor.
Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en los tiempos de López Portillo, había sido el rival más fuerte de Miguel de la Madrid en la carrera presidencial.
La competencia fue ruda. Y esto le valió la cárcel a Díaz Serrano, quien después de ser desaforado en el Senado, fue a dar a la cárcel. Años después fue absuelto.
La suerte de Arturo Durazo fue peor. El ex jefe de la policía del Distrito Federal había sido muy cercano al ex presidente López Portillo. Pero su causa era indefendible.
Entre otras cosas, se había mandado construir una mansión que fue conocida como “El Partenón”.
Y en 1983 fue encarcelado el ex director de la Lotería Nacional Leopoldo Ramírez Limón, quien tenía una fabulosa colección de autos antiguos.
El paso a la "modernidad"
Aunque no era funcionario público, el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia había tenido serios enfrentamientos con el candidato a la Presidencia Carlos Salinas de Gortari.
A “La Quina” se le acusaba de haber apoyado con la chequera del sindicato petrolero la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, disidente del PRI y fundador de la Corriente Democrática.
A poco más de un mes de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, en el mes de enero de 1989, un comando militar fue por “La Quina” a su domicilio en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Las investigaciones revelan que le “sembraron” un cadáver en la puerta de su hogar y le abarrotaron su casa de armas largas, como si de ahí fuera a salir la División del Norte.
El gobierno también encarceló a Salvador “Chava” Barragán Camacho, hombre muy cercano y sucesor de “La Quina”.
En su lugar, el presidente Salinas instaló al famoso líder petrolero y miembro del jet set, Carlos Romero Deschamps.
Sin embargo, las vendettas de Salinas no pararon ahí.
También arrestó al ex secretario de Agricultura Eduardo Pesqueira Olea.
Su delito fue haberse burlado en una fiesta del secretario de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari.
Zedillo aprehende a Raúl Salinas
Para febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo ya confrontaba una grave crisis de gobierno. Había perdido el control de la economía y estaba a punto de perder el control político.
Sus asesores le aconsejaron imputar a su antecesor la responsabilidad de la crisis.
“Se ha dicho con razón que el éxito del gobierno de Zedillo en la manipulación dirigida a culpar a mi gobierno de la crisis desatada por el error de diciembre y su secuela tenía raíces en esa cultura política mexicana (la de linchar al presidente saliente)”, consignó en sus memorias Carlos Salinas de Gortari.
“Se ha dicho con razón que el éxito del gobierno de Zedillo en la manipulación dirigida a culpar a mi gobierno de la crisis desatada por el error de diciembre y su secuela tenía raíces en esa cultura política mexicana (la de linchar al presidente saliente)”, consignó en sus memorias Carlos Salinas de Gortari.
El 28 febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, fue detenido y encarcelado acusado de diversos delitos.
Estuvo en prisión más de 10 años. Salió libre bajo fianza en 2005, en el quinto año de la administración de Vicente Fox. En la antesala de los pactos del TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo) que operaba Elba Esther Gordillo para afianzar la victoria del candidato panista Felipe Calderón.
La impunidad en los gobiernos del cambio
Aunque el presidente Vicente Fox prometió en su campaña acabar con la corrupción y la impunidad, durante su gobierno no hizo nada.
En cuanto ganó, se apersonó en Los Pinos para disculparse con el presidente Ernesto Zedillo por las ofensas que profirió en contra de los priistas durante su campaña.
Cuando surgió el Pemexgate y se dio a conocer que la paraestatal dirigida por Rogelio Montemayor Seguy había desviado más de mil millones de pesos a través del sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, Vicente Fox no hizo nada.
Con todo y que el entonces secretario de la Función Pública, Francisco Barrio, declaró que el presidente Fox no estaba dispuesto a cambiar lingotes de oro por cacahuates.
Lo que el panista quiso decir fue que el primer mandatario no estaba dispuesto a negociar la aprobación de la reforma fiscal a cambio de la impunidad para Carlos Romero Deschamps y otros priistas.
Francisco Barrio se equivocó, o simplemente fue obligado o engañado por Vicente Fox para sepultar el Pemexgate. Lo canjearon por el silencio sobre el financiamiento ilícito de la campaña presidencial panista a través de los Amigos de Fox.
El Gobierno del Cambio no solo perdonó a los tricolores, sino que los apoyó con más dinero a través del sindicato petrolero.
El escándalo Montiel
A finales de 2004, cuando estaba por decidirse la candidatura del PRI, Arturo Montiel se vio obligado a retirarse.
Había estallado un escándalo que exhibía al gobernador del Estado de México como un multimillonario con enormes y lujosas propiedades, no solo en México, sino también en Europa.
Enrique Peña Nieto fue sucesor de Montiel en la gubernatura, y a pesar de que se realizó una averiguación sobre la evidente corrupción de su padrino y mentor político, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dijo que no había encontrado evidencias de que el ex gobernador hubiese incurrido en algún delito.
Sin embargo, como estos argumentos no eran convincentes, el joven gobernador Peña Nieto solicitó la ayuda de la administración de Vicente Fox.
A pesar de las abrumadoras evidencias contra Arturo Montiel, la PGR también lo encontró inocente.
En cambio, esa misma instancia judicial encontró una probable responsabilidad penal en la conducta de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del DF.
Con el concurso de la bancada del PRI y el PAN, el perredista fue desaforado con la intención de eliminarlo de la contienda presidencial de 2006.
Madame Bulgari y los idus de mayo
Antes de que terminara el gobierno de Vicente Fox, surgieron escándalos de corrupción en los que presuntamente estaban implicados la esposa del presidente y sus hijos.
Sin embargo, cuando Fox dejó el poder, nada sucedió. A pesar de que se demostró que había falseado su declaración patrimonial, por lo que había incurrido en una responsabilidad de carácter penal.
Y cómo olvidar los escándalos de Marta Sahagún y su tráfico de influencias a cambio de relojes de marca, un jeep y otros regalos. Un caso que la mimetizó como Madame Bulgari.
Reporte Indigo dio cuenta de estos actos de corrupción, así como de la milagrosa transformación de la hacienda de San Cristóbal que tiene Vicente Fox en Guanajuato.
Otros altos funcionarios del gobierno foxista también fueron denunciados públicamente en distintas ocasiones. Pero nada sucedió.
Ninguna consecuencia tuvieron las múltiples denuncias públicas sobre el enriquecimiento de Genaro García Luna, secretario federal de Seguridad Pública. Las evidencias de sus propiedades en el Distrito Federal, así como de restaurantes y fincas campestres en Morelos, ahí están. Para quien quiera verlas.
Tampoco se hizo nada contra el extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, cuyas empresas familiares hacían negocios con Pemex.
Y nada le pasó a los gobernadores priistas Mario Marín, de Puebla, y Ulises Ruiz, de Oaxaca.
Por eso no deja de sorprender que en los últimos 25 días, los mexicanos ya no sepamos qué hacer con tantos casos de corrupción que se han dado a conocer.
Por eso no deja de sorprender que en los últimos 25 días, los mexicanos ya no sepamos qué hacer con tantos casos de corrupción que se han dado a conocer.
Hasta ahora, todos de priistas… claro.
Miguel Lerma Candelaria, ex funcionario de Banrural, no fue detenido porque alcanzó a huir del país.
En cambio, el ex gobernador de Coahuila Oscar Flores Tapia fue encarcelado por
“enriquecimiento inexplicable”, aunque el motivo real fue que nunca le dio la espalda a Luis Echeverría.