JAVIER DUARTE DE OCHOA: CAPTURADO

JAVIER DUARTE DE OCHOA: CAPTURADO

1/5/16

(ACTUALIZADO)Abren la puerta a la Dictadura Militar el PRI; PAN, PVEM en el Senado



Nueve días después de que los diputados lo 

hicieron, el Senado, ayer durante la 

madrugada, también aprobó las reformas al 

Código de Justicia Militar y al Código Militar 

de Procedimientos Penales, con las que –

afirmó el senador Manuel Bartlett Díaz- el 

poder civil queda sometido a las barbaridades 

de un sistema de justicia militar, verticalísimo 

y brutal, donde el secretario de la Defensa es 

juez y parte.



Tres de la madrugada. La hora del sueño profundo. A matacaballo, los senadores del PRI, PAN y Pvem sentenciaban, con la aprobación apresuradísima de estas leyes, a todo un país civilista a tener que navegar, a partir de ahora, con lo que los opositores dijeron que será un estado policiaco-militar. En síntesis: Una dictadura militar.

Pero no se iban limpios. Voces como las de Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, Dolores Padierna Luna y Layda Sansores Sanromán, al menos tuvieron la virtud de incomodar a los que chorreaban cinismo.




Desde la tribuna, Layda Sansores afirmó: “Con estas reformas la justicia militar se va a constituir en la antítesis del derecho; el secretario de la Defensa podrá detentar más autoridad que cualquiera de los Poderes del Estado, inclusive por encima del Presidente de la República en su calidad de jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, eso ya es un decir”.

Entonces Layda centró al Presidente, y le soltó: “Peña tiene miedo, es un cobarde y siente que ha perdido al pueblo, y ustedes también (referíase a priístas, panistas y pvemistas), en corito, en el anonimato, griten, así lo defienden a Peña Nieto, siendo sus cómplices y sus comparsas”.

Y la Sansores les volvía a latiguear el lomo encallecido: “Aquí nada más les tocan a Peña Nieto y entonces sí gritan y se despiertan, porque así se ganan las gubernaturas, así siendo dóciles, siendo lambiscones, eso lo tienen bien entrenado”.

Los priístas, vociferantes contra Layda, se hacían los indignados. Pero ella continuó: “El secretario de la Defensa, yo les decía, ¡Ah! me quedé en Peña Nieto, pues sí, ya no cuenta con el pueblo y ya se fue a refugiar a los brazos del ejército, está arrodillado ante él y les concede lo que le piden y más”.

Layda remachó a los senadores priístas, así: “Peña Nieto nos deja un legado de pobreza, de corrupción, de impunidad, de fracaso tras fracaso en cada una de sus reformas, desmanteló todo nuestro patrimonio; pero el peor legado que nos deja es haber impuesto en México un régimen policiaco y militar; esa es su peor herencia, y es una herencia maldita que la van a sufrir sus hijos”.

Encinas primero, Bartlett enseguida y Dolores después se constituyeron en una tríada irrebatible. Participaciones testimoniales. Históricas. En resumidas cuentas, advertían a la República dormida que la gente del PRI, PAN y Pvem acababan de abrir la puerta de una dictadura militar en México.

Encinas quiso parar el tranco de la reforma. Pidió que se suspendiera el trámite y regresase a comisiones, porque el Senado había recibido la Minuta de los diputados apenas el reciente 26 de abril. Y un asunto tan crucial para el país –la de subordinar las leyes de justicia civiles a las de justicia militares, incluso a contrapelo de la Constitución- no era poca cosa.

Incluso Encinas decía: “Estaríamos prácticamente generando condiciones de un Estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos”.

La argumentación de Manuel Bartlett Díaz cayó como plomo ardiente en las almas de cántaro de los priístas. Algunos se reían.

Bastlett comenzó: “Hemos dicho en esta tribuna que el riesgo que está sufriendo México en el avance de toda una serie de medidas es el establecimiento de nuestro país de un régimen policiaco-militar.

“¡No lo hagan! Yo les pido a los senadores panistas y priístas que tengan conciencia de lo que los están llevando a hacer. ¿Por qué tienen esa prisa? ¿Quién está atrás de ustedes para obligarlos a hacer esto?

“Es una decisión peligrosa, es una decisión que nos está llevando a avanzar en este régimen policiaco-militar que pone en riesgo a nuestra nación. Este es un país civilista”.

Bartlett intentaba inútilmente entablar conversación con priístas y panistas: “¡No tiene necesidad, ni el PRI, ni el PAN de cometer esta fechoría que nos pone en riesgo a todos los mexicanos!

“Así han empezado muchos países a transformar sus estados de derecho en regímenes policiacos militares, no lo debemos permitir, se los pedimos a ustedes, reflexionen, simplemente se trata de regresarlo a las comisiones en donde deberían de estar y tener una discusión a fondo y sensata”.

El senador entonces insistía en que estas reformas “orientan” hacia un Estado policiaco militar en México, con las cuales la fuerza castrense no se subordinará a los derechos humanos; y, en tanto, el poder civil es el que se subordinará a los mandos superiores del ejército.

Y remachaba: “Es una aberración histórica”, con la que –insistía- “permitirán a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles: Cateos, intervención de telecomunicaciones, presentación de testigos”.

Y advertía: Todo un sistema de justicia autoritario, subordinado al secretario de la Defensa, facultado para nombre a sus jueves, fiscales y testigos.

Una de las preguntas de Bartlett con que reselló su oratoria, fue: “¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?”

Pero ninguno del PRI, ni del PAN ni del PVEM le contestó. Finalmente, aprobaron las reformas y las turnaron al presidente Enrique Peña Nieto, para que las promulgue. Todo esto sucedió la madrugada del viernes 29 de abril de 2016, en el Senado de la República.


CON INFORMACI'ON: ZOCALO.
VIDEO: YOUTUBE LAYDA SANSORES.

Se crean la Fiscalía General de Justicia Militar y los jueces de control
Aprueban diputados reforma que autoriza a militares catear desde casas hasta el Congreso
Quita la responsabilidad a las fuerzas armadas en caso de violaciones a derechos humanos

Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que crea la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control, que podrán ordenar –en delitos de disciplina militar relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso o graves y violentos con armas de fuego y explosivos– el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal e incluso a las dos cámaras del Congreso, aunque la Constitución define que los recintos legislativos son inviolables.
La figura del cateo también se extiende al Poder Judicial, así como a los organismos constitucionales autónomos, esto es, a las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México (BdeM), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Con los votos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) se avaló que el cateo, a cargo de la Policía Militar y del Ministerio Público Militar, también podrá extenderse a las oficinas de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin embargo, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, explicó que en cualquier caso, emitida la orden por el juez militar, policías y agentes militares del Ministerio Público deberán recabar la autorización correspondiente.
Ejemplificó que cuando él fue presidente de la mesa directiva de la Cámara, en la 61 Legislatura, rechazó la solicitud de la Procuraduría General de la República para que sus agentes entraran al Palacio Legislativo a detener al perredista Julio César Godoy, acusado de presuntos nexos con la delincuencia organizada en Michoacán, antes de que tomara protesta como diputado.
El código prevé también la intervención de llamadas telefónicas de militares y particulares y deja fuera la responsabilidad de las fuerzas armadas cuando existan víctimas de violaciones a derechos humanos.
Así como ocurrió con la llamada ley Televisa, que se aprobó incluso por el PRD porque sus diputados no leyeron el dictamen respectivo, este jueves las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano se dieron cuenta de manera tardía del alcance de la reforma.
Los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano en la Comisión de la Defensa, Alfredo Basurto Román y Manuel Espino Barrientos, respectivamente, firmaron el dictamen.
Incluso Morena había acordado votar en abstención, aunque al final abandonó el recinto, y Espino anunció que su bancada aprobaría el código para dar a las fuerzas armadas una oportunidad de reivindicarse en lo que han contribuido para atentar contra los derechos humanos de los mexicanos.
Más tarde, sin embargo, ambas bancadas cuestionaron que el contenido del dictamen –que se turnó al Senado para su revisión– constituye un retroceso en materia de respeto a los derechos humanos.
Esto porque, explicó el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC), en ambos códigos se prevé no sólo la obligación de civiles de presentarse como testigos ante un juzgado militar, sino porque se permiten intervenciones a llamadas telefónicas de ciudadanos.
De no presentarse voluntariamente, el código prevé que el juez militar que lleve el proceso ordenará su presentación, pero se deja abierta la posibilidad de que el traslado del testigo civil sea por militares.
En sus consideraciones, la Comisión de Defensa, que preside el general Virgilio Méndez Bazán –ex subsecretario de la Defensa–, reconoce las figuras de víctima y de ofendido, pero aclara queesta connotación se refiere exclusivamente respecto de delitos de la jurisdicción militar, precisión que se orienta a dejar en claro que por ningún motivo se refiere a víctimas de violaciones de derechos humanos.
La reforma equipara el modelo de juicios orales del fuero común al militar y adopta el garantismo penal para los militares, al definir que éstos serán inocentes hasta que se les pruebe lo contrario.
CON INFORMACIÓN DE: LA JORNADA